En Tucumán falta agua por abajo y sobra por arriba. Desde hace más de un siglo. Los ríos existieron siempre (en parámetros humanos), las lluvias furiosas de verano también y las crecidas son una consecuencia inevitable de esta combinación.

Algo que sí ha ido cambiando con el paso de los años, y cada vez de forma más acelerada, es la violencia con que ocurren las inundaciones y el incremento de los daños que producen.

La mitad de la población en la provincia tiene algún tipo de problema con el suministro de agua potable (falta por abajo) y el doble padece en mayor o menor medida las inundaciones, es decir, todos (sobra por arriba).

Los tucumanos somos como eunucos en un harén: nos falta lo que nos sobra y nos sobra lo que nos falta.

Y la responsabilidad o la culpa de lo que nos pasa es sólo nuestra. A las condiciones naturales del terreno las fuimos agravando implacablemente y con furia salvaje.

Primero con los desmontes descontrolados que impulsó la industria azucarera, desde fines del Siglo XIX, luego el resto de la agricultura, acompañado por la deforestación y cementación anárquica de la urbanización desautorizada.

Talamos donde no se debía, construimos donde no se podía, sin las obras hídricas ni de infraestructura necesarias y por eso venimos pagando las consecuencias desde hace décadas, y cada vez más caro.

Seis décadas de inacción

El último gobernador que hizo obras hídricas relevantes en Tucumán, que no fueran sólo parches y remiendos de coyuntura, fue Celestino Gelsi, hace casi 60 años. Había la mitad de la población, el 10% del parque automotor actual, el 20% de calles y rutas asfaltadas de hoy, además de cinco veces más árboles, en el piedemonte y en los márgenes de los ríos.

De los casi 200 kilómetros de piedemonte tucumano, queda sólo el 10% de lo que había entonces, en su mayoría arrasado por la urbanización, la agricultura en altura y el desmonte ilegal.

Antonio Domingo Bussi, como gobernador de la dictadura a fines de los 70, ya había anunciado la necesidad imperiosa de encarar obras para evitar que los desastres provocados por el agua fueran en aumento.

Con anuncios y exclamaciones similares le siguieron, verano a verano, todos sus sucesores, sin excepción: Fernando Riera (83-87), José Domato (87-91), Ramón Ortega (91-95), Bussi de nuevo (95-99), Julio Miranda (99-2003) y José Alperovich (03-15). Ahora Juan Manzur está a un paso de ingresar al salón de la fama de los fabuladores seriales que administraron la provincia.

Todos estos mandatarios tienen en común que ninguno frenó el desmadre, por el contrario, lo incentivaron, y todos hicieron anuncios que no cumplieron.

Después de dos de las inundaciones más devastadoras que azotaron a Tucumán en las últimas décadas, en febrero del 92 y en enero del 93, el entonces vicegobernador de Ortega, Julio Díaz Lozano (ingeniero químico), constituyó una comisión de expertos en junio del 93 para estudiar este problema.

Ingenieros civiles, eléctricos, zootecnistas, agrónomos y especialistas de numerosas áreas trabajaron durante varios meses en la elaboración de un plan integral.

Devastación que se repite

El agua había arrasado pueblos enteros, como Medinas o La Madrid, que debieron ser evacuados en su totalidad. Hubo además decenas de ciudades inundadas, como Famaillá, Río Colorado, Monteros, Tafí Viejo y la propia capital.

El resultado fueron millones de pesos en pérdidas agropecuarias y en destrucción de caminos y viviendas.

Los cortes de luz prolongados se repetían en toda la provincia, durante varios días, en medio de una epidemia del cólera que se llevaba vidas en todo el norte del país.

Esta comisión que constituyó Díaz Lozano elaboró un plan a largo plazo, que constaba de cientos de páginas y mapas, y abarcaba varios frentes: obras hídricas desde la naciente de los ríos hasta su desembocadura, diques nuevos y descolmatación de los existentes, reforestación, obras de infraestructura en ciudades y pueblos, aprovechamiento hidroeléctrico de los cursos, almacenamiento de agua para consumo y riego en períodos de secas, entre muchos otros puntos.

El proyecto demandaría 20 años y costaría 1.000 millones de pesos, de aquel entonces, que se gastarían en el transcurso de esas dos décadas.

Lamentable pérdida de tiempo

Hace cuatro años se cumplieron 20 años de la publicación de este proyecto. En estos 24 años ya se perdieron decenas de veces esos 1.000 millones en daños provocados por las inundaciones.

No sólo materiales, sino en lucro cesante de gente que no puede ir a trabajar, niños y docentes sin clases, comercios e industrias que se paralizan o quedan incomunicados o sin energía y campos arruinados, además de pérdidas animales y humanas.

Las obras necesarias no se hicieron por distintas razones. En algunos casos, como Riera o Domato, porque ni siquiera llegaban a pagar los sueldos de la administración pública. Domato acabó intervenido por eso.

Ortega privatizó media provincia (en medio de la fiebre vendedora del menemato) y sin embargo se la entregó a Bussi totalmente quebrada, con más de $800 millones de deuda (dólares en ese momento).

Bussi en democracia tampoco hizo nada con este tema y su gestión estuvo centrada en explicar numerosas acusaciones de corrupción, al punto que llegó a estar suspendido tres meses en su cargo.

A Miranda se le morían los chicos de hambre y apenas llegaba a pagar los sueldos, en una provincia inundada de bonos y en un contexto nacional terminal, con la crisis del 2001 en el medio de su mandato.

Doce años de anuncios

Después vino Alperovich que, de todos, es el máximo responsable de los últimos 60 años por la emergencia hídrica en que se encuentra la provincia.

Contó con los fondos, hizo los anuncios, pero las obras nunca llegaron. Y las pocas que se hicieron se las llevó el agua, como los 12 puentes que colapsaron en marzo de 2015.

El desmonte y la urbanización salvaje además batieron récords en su gestión.

En privado, Alperovich siempre repitió que las únicas obras que le interesaban eran las que estaban arriba del suelo, las que se veían, porque son las únicas que te hacen ganar elecciones.

Luego de la demoledora inundación del 10 de enero de 2005, cuando hubo miles de evacuados y $ 2.500 millones de pérdidas, Alperovich anunció con bombos y platillos el “Plan Pre-lluvia”. Las crecidas, los anegamientos, los evacuados y los destrozos se repitieron en 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y ahora, en 2017.

Por el denominado “Plan Pre-lluvia” se gastaron casi $ 300 millones y los resultados están a la vista.

Un estudio de 1991, la entonces empresa estatal Agua y Energía Eléctrica, ya advertía que debían tomarse medidas urgentes para evitar inundaciones en la provincia, de lo contrario cada año serían más violentas, destructivas y mortales.

Días más tarde de las trágicas inundaciones del verano de 2007, que destruyeron puentes, rutas, cientos de casas y hubo miles de evacuados, Alperovich afirmó: “No me pueden pedir que haga en tres años lo que no se hizo en 30 años”.

Diez años después de esta declaración, no sólo no se hizo nada sino que se profundizó todo lo que advertía el estudio de 1991: desmonte indiscriminado, cultivo en altura y en los márgenes de los ríos, urbanización del piedemonte y en otras zonas no aptas, desvío de canales y ríos para cultivos y construcción de countries y barrios privados, extracción de áridos, entre otras. Además de que hay asentamientos y localidades ubicadas en zonas inundables, cuya única solución es su traslado.

Todos somos responsables

La sociedad civil y el sector empresario ya demostraron su total insensibilidad al sufrimiento ajeno, que a la corta termina convirtiéndose en propio. Desde el vecino ignorante que arroja la basura en cualquier parte y termina tapando las alcantarillas, hasta el agricultor que desvía canales y siembra en cualquier parte o el empresario que construye cómo y dónde no debe.

Y el Estado, el último reducto que puede y debe garantizar seguridad y progreso, viene estando demasiado ausente en este problema.

Manzur enfrenta hoy las segundas inundaciones de su gestión. Las de ahora más fuertes que las del año pasado, pero seguramente menos trágicas que las que se vienen.

Sistematizar una cuenca no le hará ganar elecciones. Tampoco prohibir la construcción de un country, erradicar un cultivo indebido o forestar los márgenes de un río y menos popular aún trasladar un pueblo. Pero le permitirá borrarse de ese lamentable cuadro que integran los gobernadores de las últimas décadas.